El principio de progresividad ambiental y ordenanza 2459/17 de agroquímicos; jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Así se titula la charla que el doctor Fernando Cabaleiro, abogado especialista en Derecho Ambiental, brindará el martes desde las 19 en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia, organizada por el colectivo Tierra Viva y con entrada libre y gratuita.
Cabaleiro “tiene un altísimo compromiso con los pueblos fumigados”, puso de relieve en primer término Mónica González, de Tierra Viva. Encarará su charla de un modo “ágil y ameno”, lejos de tecnicismos de difícil comprensión para quienes no forman parte del mundillo de las leyes y el Derecho, o sea la mayoría, aclaró una de las organizadoras en declaraciones a este diario.
Básicamente, “nos hablará del principio de progresividad ambiental, que marca que cuando hay una normativa que entraña una buena protección del ambiente, como ocurre con nuestra ordenanza local, no se puede retroceder en los estándares de protección”. Un punto que “es importante tener claro”, dado que “sabemos que en algún momento sectores organizados del ruralismo bolivarense han hecho intentos de presentar una modificación a la ordenanza, justamente retrocediendo en los estándares de protección, en lo particular en lo referido a las distancias de exclusión y restricción”, con obvios fines económicos particulares, agregó la entrevistada.
Un intento que no ha prosperado.
-No, pero no sería raro que se volviera a intentar. Entonces también la idea es dejar claro que, por fortuna, en la Argentina existen marcos legales muy proteccionistas, encuadrados en el derecho internacional.
Empero, “existe cierto vacío” en el orden bonaerense: “se ha hablado de que se pensaba sancionar una ley de agroquímicos provincial, pero si se han presentado proyectos, no se avanzó en la materia. Sin embargo, aunque hubiera una ley provincial que estableciera distancias de 500 metros, esa norma no sería aplicable si a nivel local contamos con una ordenanza que protege en más metros”, toda vez que “siempre se puede legislar en estándares más altos de protección, no más bajos”, completó González. A propósito, “Fernando también vendrá a contarnos que, por su experiencia en otras causas, la Suprema Corte de Justicia de la provincia en general emite fallos favorables a la protección del ambiente en lo atinente a la aplicación de agroquímicos”, destacó.
Con todo, la intención del grupo con este conversatorio es “volver a poner en agenda que en el Partido de Bolívar tenemos una ordenanza de regulación de uso de agroquímicos desde hace casi siete años, que prácticamente no se implementa” siendo que “es una herramienta de protección ambiental, en un sentido amplio”, lo que incluye al ambiente y a la salud de las personas, resumió la militante ambientalista.
¿El tema estaba en agenda y cayó?
-Volver a poner en agenda dije, pero quizá lo correcto sería decir poner el tema en agenda. Porque en la del Departamento Ejecutivo municipal, que es quien tiene que implementar una serie de acciones para que la ordenanza efectivamente se cumpla, no parece haber estado nunca.
No llegó a estar. En un momento pareció que iba a ser tenido en cuenta, pero no sucedió.
-No, en realidad no pasó. Cuando hablo de agenda me refiero también al rol de los medios de comunicación, que por su parte cada vez que el colectivo Tierra Viva realiza alguna actividad siempre están y difunden lo que hacemos. Particularmente, hubo un hito importante, cuando en marzo de 2019 como colectivo fuimos anfitriones del X Encuentro provincial de Pueblos Fumigados. Tuvimos la visita de unas cuatrocientas personas de diferentes ciudades de la provincia, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos e incluso algunos funcionarios.
En rigor, que se reglamente la ordenanza que pone coto a las fumigaciones a cielo abierto debería ser una suerte de clamor popular. Pero lo que se ve es que, allende el ninguneo del Ejecutivo y del arco político en general, con alguna excepción, también hay un gran desinterés social, fuera de los militantes del ambientalismo.
-Sí, es un poco así. Quizá la ordenanza no esté suficientemente difundida a nivel comunitario, a pesar de ser una herramienta que involucra no sólo a la cuestión productiva en el marco de la producción con agroquímicos, no está solamente dirigida ahí, sino que también abarca otras cuestiones que tienen que ver con la salud.
De manera indirecta engloba lo que consumimos, y desde esa perspectiva estamos todos/as involucrados.
-Sí, claro. De manera indirecta. Si bien en principio es una ordenanza restrictiva, porque establece límites, distancias, exclusiones (para fumigar), también uno puede pensar que estas restricciones tienen vinculación con un marco de protección del ambiente y la salud de las personas.
Chino Castro
No voy en tren, voy en carreta
“Parece que el municipio no tiene apuro ni intención de avanzar en el cumplimiento de esta normativa que ya tiene casi siete años (ver nota principal), incluso habiendo mantenido, algunas personas del Ejecutivo y concejales, reuniones con el colectivo y con representantes del Ministerio Público de la Defensa del Departamento Judicial de Azul”, alertó Mónica González, del colectivo Tierra Viva, durante su entrevista con este diario el fin de semana.
Quien ha concurrido a esos cónclaves es el doctor Diego Fernández. Allí, “hemos tratado de establecer algunos compromisos en el avance del cumplimiento de la ordenanza. Por caso cosas concretas, que no implican grandes erogaciones ni movimientos para el Estado municipal, como la implementación de una cortina vegetal de protección, una barrera vegetal, por ejemplo alrededor de las escuelas rurales y puntos muy sensibles y delicados”, puntualizó la militante ambientalista. Otro tópico abordado, “y hubo también un compromiso del municipio”, fue el de notificar a los productores/as que estén dentro de la zona de exclusión de fumigaciones terrestres y aéreas, al menos en todo el sector periurbano de Bolívar. “Quienes tengan un lote productivo ahí, deberían estar notificados de la existencia de la ordenanza y saber qué no pueden hacer”, remarcó la entrevistada. Otro asunto tratado en estos encuentros, “y también con respecto a eso hubo un compromiso de la municipalidad”, involucra a otros actores, cuales son las facultades de Derechos y Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de Azul, que “están convocadas a llevar a cabo capacitaciones sobre derecho ambiental y acerca de tópicos relativos a los daños que se pueden provocar (con las fumigaciones con agroquímicos)”, completó la integrante de Tierra Viva.
¿Y el gobierno municipal está haciendo algo de todo eso?
-Entendemos que no. Nosotros estamos en contacto con la Defensoría Pública de Azul, requiriendo información para ver si se ha avanzado, y nos comentan que aún no.
Ch.C.
