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BETO RIVAS SIGUE PELEANDO POR LA COPARTICIPACIÓN Y EL FONDO DEL CONURBANO

“La provincia de Buenos Aires ha sufrido una histórica discriminación”

dic. 29, 2017 10:53

en Política

Diario La Mañana de Bolívar - Política - “La provincia de Buenos Aires ha sufrido una histórica discriminación”

El ex concejal Alberto Rivas explica por qué la provincia de Buenos Aires viene sufriendo un perjuicio histórico por la ley de coparticipación nacional dictada en 1987, que le arrebató 8 puntos de derecho sobre la masa global de recursos.

Lo mismo con el fondo del Conurbano -su retorno sería aprobado en las próximas horas por la Legislatura bonaerense-, desde que en 1996 el presidente Menem le puso un tope en detrimento de Buenos Aires y a favor del resto de las provincias. (En cambio, considera “justa” a la ley de coparticipación provincial.) El ex contador municipal enfatiza en la importancia local de estos temas, toda vez que se trata de la conformación de los recursos que afectan a los municipios.

 

Rivas, que también fue docente en escuelas secundarias hasta hace unos años, brinda aquí una pormenorizada explicación de cómo surgieron y se desarrollaron, modificaciones incluidas, las leyes de coparticipación federal, coparticipación provincial y el fondo del Conurbano, para concluir con algunas consideraciones políticas hijas de su mirada de técnico en economía.

 

COPARTICIPACIÓN FEDERAL

Como se sabe, desde los años ’30 y hasta 1973, los recursos que recaudaba la nación no se distribuían ‘hacia abajo’ en base a leyes de coparticipación atadas a criterios de justicia técnica, consideró Rivas, que sigue al frente de su estudio contable con oficinas 6 y 7 en el histórico edificio de avenida San Martín. “La nación cobraba dos impuestos fundamentales, que repartía entre las provincias: el impuesto a los réditos, que se transformó en el impuesto a las ganancias, y el impuesto a las ventas, que se convirtió en el IVA”, recordó.

Alberto Félix Rivas hoy interviene ‘desde el llano’ en los temas de la agenda pública, aunque no tiene empacho en admitir que lamenta no pertenecer orgánicamente a algún espacio político, cosa que constituyó su rutina durante gran parte de su vida. “Pero como no estoy a la venta, no me han invitado”, disparó el ex edil, que convocó a este medio para hablar de un tema por el que no ha perdido un ápice de interés, al punto que hoy sigue investigando.

En 1973 aparece la 20.221, la primera ley de coparticipación federal “con todas las letras”, quizá “la mejor orquestada y la más justa”, afirmó el otrora ariete del justicialismo. Repartía el 48.5 por ciento para la nación, el 48.5 para las provincias, y el 3 por ciento restante quedaba para las economías regionales de menor desarrollo. El porcentaje que iba a las provincias se distribuía así: un 65 por ciento en relación a la población, un 10 en relación inversa a la densidad, y un 25 por ciento de acuerdo a la brecha de desarrollo. “Buscaba la objetividad en la distribución de recursos, cosa que hoy no tenemos”, aseguró el experto.

La norma mantuvo su vigencia hasta 1987. Ese año, el presidente Alfonsín y el gobernador bonaerense, Alejandro Armendáriz, “a través de la ley de coparticipación 23.548, le quitan casi 8 puntos a la provincia. Empieza un déficit estructural que se ha mantenido a través de los años. Por eso los radicales dicen que el peronismo gobernó veintiocho años, y yo no saldré a rasgarme la chomba a mandíbula batiente en defensa de ninguna administración peronista, pero se le sacaron casi 8 puntos. Es decir que de cada 3 pesos que recibía, empezó a recibir 2.15”, alertó. “Se dice que Alfonsín quiso ser más federal, pero le estaba sacando a quien más aportaba”, señaló el también ex profesor de Contabilidad.

Esta etapa se extendió hasta 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional. El nuevo texto dice que se debe dictar una nueva ley de coparticipación, “con criterios más objetivos. De algún modo propone volver a la 20.221”. En las disposiciones transitorias, le da al Congreso hasta diciembre de 1996 para dictar una nueva norma, “cosa con la que no se cumplió, y han pasado veintiún años”.

La 23.548 distribuye así: un 42.34 por ciento, para la nación; un 54.66, para las provincias; un 2 por ciento, para las provincias que han sufrido deterioros, y un 1 por ciento para aportes del tesoro nacional. Ese 2 por ciento les correspondería a Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, “pero la parte más importante, el 1.57, a Buenos Aires, provincia a la que en el orden general se le otorgaba el 19.93 por ciento. En total entonces, el 21.50 es lo que percibe hasta hoy la provincia por la 23.548, casi 8 puntos menos en relación a lo anterior”, diferenció Beto.

 

COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL

Pero a la hora de la distribución de recursos a los municipios, la que interviene es la 10.559, ley de coparticipación provincial. “Hay que tener en cuenta el poder tributario. El provincial es original, el municipal es derivado. Por eso cuando discutimos autonomías municipales, debemos aclarar que los municipios no son autónomos, sino autárquicos”, ya que “no pueden dictarse sus propias normas”, introdujo Beto.

Hasta 1972, existía un criterio devolutivo: la provincia cobraba importes y los repartía entre los municipios en forma proporcional. Por ejemplo, el carnet de conductor. Pero en ese año surge el criterio distributivo, que a juicio de Rivas era “más objetivo” que el usado por nación: la provincia distribuía el 5 por ciento, pero el porcentaje fue creciendo hasta llegar al 14.14 en 1980. Ese año, comienzan a municipalizarse funciones que eran provinciales. A Bolívar le tocaron dos: Obras Sanitarias y el hospital. “Con Obras Sanitarias no hubo inconvenientes. Se trasladaba también el cobro de la tasa, con lo cual estaba el gasto, pero también el recurso. Con el hospital no sucedió lo mismo”, aseveró.

Hasta que en 1987 “se junta la ley de municipalización de funciones con la de coparticipación”. Así nace la 10.559, actual ley de coparticipación provincial, una noma “justa” a ojos de Rivas, que reparte el 37 por ciento entre los municipios que poseían hospitales o les fueron transferidos por el estado bonaerense; el 5 por ciento en base a otras reparticiones de acción social (pcial.), que Bolívar no tiene ninguna, y el 58 por ciento restante, así: un 62 por ciento de ese total, según la población; un 15, según la superficie, y un 23, de acuerdo a la inversa de la capacidad contributiva.

 

FONDO DEL CONURBANO

Claro que a la hora del cobro y el reparto de los recursos, también juega el fondo del Conurbano, que la provincia se apresta a recuperar (el proyecto tiene media sanción de Diputados) y que representaría más de 26 millones de pesos para Bolívar el año que viene, según aseguró en estas horas el presidente de la Cámara baja provincial, Ángel Manuel Mosca Curcio (la entrevista con Rivas fue realizada antes de esta media sanción).

Se crea en 1992. Habría sido una exigencia de Duhalde a Menem para ir a gobernar la provincia, que había sufrido la pérdida de aquellos 8 puntos. En aquel momento, “el artículo 114 de la ley del impuesto a las Ganancias establece que del total recaudado (por ese tributo), un 20 por ciento iría al sistema de seguridad social; un 10 por ciento para crear el fondo del Conurbano; un 4 para el resto de las provincias; un 2 para aportes del tesoro nacional, y el 64 por ciento restante, a distribuir entre todas las provincias según necesidades básicas insatisfechas”. Pero en 1996, “parece que Duhalde le pisaba la reelección a Menem, y el presidente resuelve ponerle un tope a ese 10 por ciento. Entonces queda así: el Fondo del Conurbano será el 10 por ciento de lo que se recaude por el impuesto a las Ganancias hasta 650 millones de pesos. La recaudación de ese impuesto se siguió incrementando, pero la provincia siguió recibiendo 650 millones”, sostuvo el ex secretario de Hacienda municipal.

Para Beto Rivas, la misma denominación fondo del Conurbano, entraña injusticia: “Un bonaerense recibía 40 pesos, y cualquier habitante del resto de las provincias, más de 2 mil. En un principio, la provincia de Buenos Aires recibía el cien por cien de ese fondo, y hoy percibe el 1.35 por ciento. Algunas estimaciones dicen que la provincia recaudará 650 mil millones el año que viene por impuesto a las Ganancias, quiere decir que si no existiera el tope,  a Buenos Aires le corresponderían 65 mil millones de pesos”, precisó el ex referente del Partido Justicialista de Bolívar.

Esto habría sido advertido por la gobernadora Vidal, conjeturó el especialista, “que hizo bien en presentarse a la Corte. Lo que pasa es que en este ínterin, quizá se haya conformado con algo distinto: desaparece el fondo del Conurbano, pero ella recibirá 20 mil millones, y el año que viene 40 mil millones de pesos, porque el gobierno nacional sabe que está por salir el fallo de la Corte, que dirá que sí a la provincia de Buenos Aires, discriminada todos estos años”. (Sin embargo, en las horas posteriores a esta entrevista la cámara de Diputados de la provincia daba luz verde al regreso del fondo del Conurbano).

Rivas enfatiza en la importancia local del tema, toda vez que se trata de la conformación de los recursos que afectan a los municipios.

 

“HAY COMUNAS INVENTANDO RECURSOS”

La gobernadora recibiría recursos del gobierno nacional, que de todas formas serían menores a lo que obtendría por el fondo del Conurbano si le quitaran el tope.

-Sí. Se indica que todos tenemos que perder un poco frente a una solución política a la que se ha llegado por un arreglo entre gobernadores que se dicen peronistas pero para mí no lo son tanto, que han priorizado solucionar sus problemas presupuestarios y financieros frente a otros problemas graves que tiene la nación. No es lo que correspondería. Como la provincia va a recibir menos, los municipios también lo harán. Por eso hoy nos encontramos con comunas que están inventando recursos.

 

¿Cómo?

-Los municipios no pueden cobrar impuestos, sino tasas. Tasas retributivas de un servicio público divisible. Quiere decir que tienen que prestar el servicio para cobrar, y debe existir una razonabilidad entre el costo del servicio que prestan y la tasa que cobran. Al no recibir los recursos necesarios de coparticipación, esto no se está respetando: o no se presta el servicio, o se están fijando para las tasas precios que nada tienen que ver con su costo. Incluso hay municipios que han inventado cosas: hasta hace poco en La Plata, en la tasa por el uso del espacio público les cobraban a los bancos la utilización de la vereda donde tienen los cajeros automáticos.

 

¿Esta situación se está dando en Bolívar?

-En la medida en que no se presten los servicios, en la medida en que el precio sea excesivo respecto del costo de la tasa, sí. Lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia provincial, en algún fallo dice que no necesariamente debe prestarse el servicio para poder cobrar la tasa. De esto se han tomado muchos municipios. Pero el ente que está por encima, la Corte Suprema de la Nación, advierte que es imprescindible la prestación del servicio. Yo te lo cobro a vos, pero te lo presto a vos. Y también dice la Corte de la Nación, que el valor a cobrarte tiene que tener razonabilidad. Antes no era así.

Chino Castro

 

 

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