El día 3 de febrero, madres y padres representantes de de más de 60 distritos de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión con los encargados del área de educación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. De dicho encuentro virtual participó el grupo bolivarense adherido a Padres Organizados que lidera Victoria Pérez Parma.
Durante esa reunión se expusieron, desde los puntos de vista jurídico, psicológico y médico, las razones por las cuales es imperiosa la necesidad de que se representen y apoyen los derechos de las niñas, niños y adolescentes que padecieron la falta de contacto con sus pares, la pérdida de hábitos y las innumerables consecuencias en la salud física, mental y psíquica.
Los Padre Organizados plantearon que el plan jurisdiccional para la vuelta a clases es inaplicable por estar sujeto al semáforo epidemiológico; según el cual, ningún distrito de la provincia podría comenzar las clases el primero de marzo y solicitaron el acompañamiento de dicho organismo en los dos recursos de amparo que ya están en la justicia.
Al mismo tiempo, exigieron mayor compromiso y acompañamiento para que la Dirección general de Cultura y Educación de la provincia acelere decisiones y normativas que permitan que las escuelas puedan abrir sus puertas con protocolos seguros y las familias conozcan cuáles serán los horarios, días y mecanismos de vuelta a la presencialidad el próximo 1 de marzo.
Según informan, la Defensoría no manifestó su apoyo en ninguno de estos reclamos. Si bien sus representantes dijeron estar a favor de la presencialidad, nunca explicitaron los alcances ni acciones del organismo en relación a que esto suceda.
Por ello, cuestionaron “la poca dedicación del organismo en representación de los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes durante toda la pandemia y la falta de posicionamiento de la Defensoría frente al derecho vulnerado a recibir educación, así como el nulo trabajo para la vuelta a la presencialidad escolar como prioridad”.