Un centenar de policías de la Dirección Departamental de Investigaciones de Pehuajó realizaron una serie de allanamientos en varios inmuebles ubicados en las localidades de Carlos Casares, Puerto Madero, Campana, La Plata, Gonnet y C.A.B.A., en medio de una investigación relacionada con la comisión de delitos económicos.

El trabajo llevado a cabo por la DDI de Pehuajó se enmarca en una investigación relacionada con una Evasión Agravada – Asociación Ilícita dedicada a la  “usina de facturas” que operaba desde  Carlos Casares y que tenía ramificaciones en varios lugares de la provincia , cuyos principales operadores fueron identificados como profesionales responsables de confeccionar documentación contable apócrifa y su incorporación en el circuito legal, tomando datos de terceras personas que eran mayoritariamente jóvenes de origen humilde y sin su consentimiento los hacían parte de las sociedades fantasmas, ocasionándoles prejuicios. Un caso de ello es el que le sucedió a un joven que al tramitar una beca de estudios PROGRESAR le fue rechazada porque figuraba como titular de una empresa que en realidad no existe.

La orden para estos operativos fue dispuesta por el Juez Federal Héctor Pedro Plou, de Junín y la investigación fue llevada adelante por la Fiscal Federal Cecilia MC Intosh y fue encabezada por investigadores de la DDI Pehuajó, con la participación de AFIP, PROCELAC, los equipos de Delitos Económicos de la provincia de Buenos Aires  y el apoyo de los efectivos policiales  de distintas reparticiones de la provincia. Los  allanamientos fueron realizados en oficinas ubicadas en Puerto Madero, en countrys en la zona de Gonnet, en Escobar y en escribanía y domicilios particulares en Carlos Casares, lugares de operación comercial y en domicilios y propiedades de los investigados.

Hasta el momento, como resultado de los allanamientos realizados por infracción a la Ley 24.769 (Ley de delitos tributarios), se incautó importante cantidad de documentación variada de interés para la causa, libros contables de registros de empresas, agenda, sellos, talonarios, contratos, escrituras públicas, tickets de operaciones bancarias, dispositivos móviles de última generación, varias computadoras, máquina de contar dinero y una importante suma de dinero en pesos, dólares estadounidenses y euros.

Tanto la Justicia como quienes hicieron el operativo buscan elementos para esclarecer e individualizar los roles que ocupan las personas involucradas para determinar la existencia de la “asociación ilícita”, por lo que la justicia federal dispuso la incautación de la documentación y los elementos de interés que serán analizados. También se ordenó el embargo sobre las  cuentas bancarias de las personas investigadas.