Política. Las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2023 fueron aprobadas por mayoría oficialista con un 65% de aumento en las tasas

La oposición propuso un proyecto alternativo con incrementos del 50% que no prosperó. Los concejales opositores también denunciaron la presencia de una cláusula que permitiría al Ejecutivo elevar los aumentos a un 95% en el caso de que lo crea conveniente por el aspecto inflacionario.

Fue un largo debate de más de tres horas con un resultado previsible: la aprobación por mayoría del oficialismo. Hubo cruces no tan fuertes como en otras ocasiones; pero sí con temas concretos. Mientras desde la oposición cuestionaba, del otro lado mayoritariamente Marcos Beorlegui salía a defender. Sin dudas el más preparado en el recinto para hablar de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva es el concejal Andrés Porris, por su oficio de contador público, y fue él quien abrió las alocuciones.

Dijo el hombre nacido en Henderson: “Las tasas no son ni deben ser un impuesto, son una contribución económica en contra prestación a un servicio, y debe haber una contra prestación. El cobro de la mima debe corresponder a la efectiva e individualizada contra prestación del servicio, y mucho menos que el destino de los fondos sea aplicado en cualquier otro objetivo, hecho puntual en el Partido de Bolívar lo que acontece con los fondos recaudados por la Tasa Vial. “La Ordenanza Impositiva plantea un aumento del 65 por ciento en principio. La tasa de inflación prevista en el Presupuesto nacional por el ministro Sergio Massa es del 60 %, por lo cual uno puede suponer que ya en principio vamos un poco arriba; es cierto que es poco creíble lo del 60% conforme a las distintas consultoras que se han manifestado sobre la inflación 2023.

“Ese 65 % plantea una indexación que puede llevar dichas tasas a más de un 90%. A partir del 1° de enero cualquier vecino del Partido de Bolívar va a pagar como barato un 65% más la tasa, el famoso municipal pasará de valer 2.200 ó 2.300 pesos, a 3.700 pesos, sin que medie una mejora en la prestación del servicio, en la tecnología, una mayor frecuencia, sólo por el hecho de que el ajuste a las malas políticas siempre lo pagan los contribuyentes y los vecinos. “Todo aumento de tasas no debe enfocarse en una cobertura contra la inflación. Repetidamente año tras año caemos en la misma discusión, aumentamos las tasas en función de la inflación, en más o en menos. Esa voracidad fiscal nunca termina teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de los vecinos, que reclaman que la iluminación sea acorde, que no haya micro basurales, que el sistema de salud sea ejemplar.

“Más grotesco aún a los aumentos es observar cómo el intendente sostiene cientos de millones en plazos fijos; pero genera estos brutales aumentos, y así mismo no permite que el contribuyente pueda pagar con una tarjeta de débito, no hay un posnet en la Municipalidad. Los vecinos de Bolívar reclaman beneficios, mejoras año a año; anoche veía el camión recolector de residuos con luces quemadas, abandonado, ¿adónde va el dinero de las tasas? Ahí no va. “Caso icónico la Tasa Vial, que plantea un 80 % de afectación y sistemáticamente todos los años se incrementa y se incrementa, y año a año se viola dicha Ordenanza. El primero que termina vulnerando la Ley es el Departamento Ejecutivo en detrimento del principal sector productivo que tiene este distrito. Y no lo vemos que vaya en maquinarias, en mantener lo que tenemos, ni siquiera digo comprar.

“Otra situación que se vislumbra son las tasas de interés, para períodos con actualización el recargo moratorio, la tasa será el 6 % mensual para planes hasta 24 cuotas; y del 10 % mensual para planes de hasta 36 cuotas. Es un robo, no hay tasa bancaria ni de descuento de ningún tipo que se asimile a algo semejante. El fin del Estado no es el cobro persé, necesita la contra prestación de un servicio.

“Viendo los índices de cobrabilidad de este año, según lo que nos pasaron, podemos hipotetizar que los contribuyentes no pagan porque las tasas son caras o no pagan porque hay una feroz crisis económica, o las dos cosas. Y nos preguntamos por qué seguimos aumentando tan ferozmente las tasas y seguimos sin prestar un servicio. Mencioné el agua, vayamos a recorrer cualquier barrio y no hay presión, ¿y qué hacemos con los recursos que recaudamos? Absolutamente nada”.

A continuación se escucharon las palabras del presidente del unibloque de Juntos-Pro, Ariel Alomar: “La Tasa Vial se venía rigiendo por una fórmula que involucraba, entre otras cosas, el kilo de novillo; pero ahora vemos que le aplicaron el 65% de aumento como a cualquier tasa corriente. En la redacción original se tomaba un valor de referencia de $ 356. Ahora cambian el pago de bimestral a semestral por un acuerdo con las instituciones que representan al sector agropecuario. Se plantean $ 310, que es un 44% de aumento para el primer semestre, y $ 340 para el segundo semestre, que implicaría un aumento del 57%. No se entiende bien la base de cálculo que se ha hecho, la Tasa Vial ha pasado a ser un impuesto porque no hay contraprestación ni habrá inversiones, porque es inviable”.

Luego fue el turno de la edil opositora, Patricia Oroz: “El ABL es una tasa que pagamos todos los vecinos de Bolívar sin importar si somos propietarios o alquilamos en la zona urbana. Los servicios que pagamos por esta tasa es por conservación de la vía pública, servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido, riego y conservación y ornamento de calles, plazas y paseos.

“La realidad es que cuando nos ponemos a ver estos servicios, dista mucho lo que dice el señor intendente en su Ordenanza Fiscal para el 2023, que es lo mismo que decía la de años atrás. Dentro de la tasa lo que más se cumple es la recolección de residuos domiciliarios, mal, con sus deficiencias; pero se cumple. La tasa habla de riego, vivo en una calle de tierra, mi hija cumplió 5 años y no recuerdo que el regador haya pasado alguna vez, es un servicio que no existe, no existen los camiones regadores como tantas otra cosas.

“El barrido se cumple en alguna avenida principal; pero no existe la barredora, ¿cuándo fue la última vez que vimos pasar la barredora en Bolívar de forma periódica? No existe este servicio, regalado es caro, porque no se presta. Sobre la tasa por servicios de guardia urbana y rural, monitoreo por cámara de seguridad, dijo: “En la planta urbana podemos encontrar algunas cámaras, nos hemos quejado por las que están en el ingreso a la ciudad, las de lectura de patentes, no tenemos certeza de cuáles funcionan. En lo rural directamente no existen, hace muy ocurrió uno de los robos más importantes de la historia (un abigeato), el robo del siglo bolivarense, se robaron 80 animales de Ibarra, ¿sabe qué cámara de vigilancia aportó datos? Ninguna de la Municipalidad de Bolívar, fue la cámara de un privado. Vemos todo el tiempo la falta de prestación de servicios. El Estado municipal no cumple con sus tasas, a las que ha transformad en impuestos encubiertos, y encima los bolivarenses siempre pagamos tasas caras”.

La concejal Emilia Palomino denunció que “no está bien mentirle a los contribuyentes, el índice per cápita va a superar el 65 por ciento en 2023, y según esta Ordenanza Impositiva eso faculta al Ejecutivo a elevar el valor de las tasas hasta un 95 por ciento por decreto. Nos preocupa este párrafo que faculta al Ejecutivo para dar origen a una cuota adicional; esto me hace acordar a lo que pasó en el 2020 cuando hicieron un ajuste y agregaron una cuota 7 de Vial y una cuota 13 de ABL. No estamos de acuerdo en adecuar el porcentaje de aumento cuando el IPC supere el 65%”.

La concejal de la Coalición Cívica, María Emilia Natiello, se refirió a los descuentos que recibirá el buen contribuyente: “Consideramos que este descuento (del 10% mensual para quien lleva las tasas al día más un 5% para quien paga el total de la tasa anual antes del mes de mayo de 2023) no se compara con el esfuerzo que hace el ciudadano para pagar sus tasas en tiempo y forma. En 2022 este beneficio era del 15%, y si el Ejecutivo se preocupa por la baja cobrabilidad de las tasas, debiera ver que el premio al buen contribuyente es bajo. En nuestro despacho alternativo proponemos que este descuento sea del 25% para que se premie al que cumple”.

El presidente del unibloque del Pro, Alomar, habló de las tasas para las estaciones de servicio: “El año pasado armaron una fórmula de cálculo sin sentido. La tarifa mínima era de 220 mil pesos más un valor por litro de combustible vendido, cuando sumábamos daba 410 mil pesos por bimestre. Para este año con esa fórmula de 3 ítems y la contribución sería de $ 538 mil por bimestre, sumando más de 3 millones de pesos al año; pero con el cuarto ítem, que son deducciones por personal registrado, como la mayoría de las estaciones de servicio de Bolívar tienen entre 8 y 10 empleados, la contribución que pagarán es mínima de entre 60 y 100 mil pesos mensual”.

Marcos Beorlegui, como buen piloto de tormenta, y defensor del Ejecutivo como pocos, el abogado salió al cruce de todas las acusaciones: “El Presupuesto 2023 se presentó en tiempo y en forma como pocas veces, con lo cual podemos trabajar en el tiempo que corresponde. Nunca la Fiscal e Impositiva llegó con este nivel de consenso, acordando el intendente con las instituciones que se ven afectadas por cada uno de los incrementos, representantes del agro y del comercio”.

Y salió con la capa y la espada: “Si escucho a la oposición, no hay ningún servicio que se preste, ni uno. Resulta incoherente el planteo, porque dicen que no se hace anda; pero proponen como alternativa un aumento del 50% de las tasas, cuando el intendente propone el 65%, es decir, es una discusión numérica. Toda la obra del anillado de la red de agua es para aumentar la presión del agua de la que se queja el concejal Porris, una obra que no se ve y que resta votos, porque es fea, va enterrada, trae suciedad y complicaciones al vecino; pero se está haciendo. Lo mismo con la planta de residuos cloacales, son obras para el crecimiento de Bolívar a futuro; pero sin embargo en Bolívar nada se hace”.

Sobre el porcentaje del aumento propuesto por el Ejecutivo, Beorlegui manifestó: “El 65% que se propone supera en un 5% a lo que se está proyectando por inflación, lo cual es muchísimo, está mal y es algo que no podemos corregir, como gobierno oficialista lo digo, es una problemática real y sincera; pero no me parece en lo más mínimo descabellado, porque al municipio a inflación lo afecta como a todos nosotros. Si reducimos los valores que propone el Ejecutivo para aumentar, estaremos desfinanciando al municipio”.

La concejal radical Oroz le contestó a Beorlegui, en un claro duelo de abogados: “Pareciera que entregar el Presupuesto 2023 en tiempo y forma tiene que ser algo para celebrar, y lo único que hizo fue cumplir con lo que se debe. No se nos convocó como bloque a participar de las reuniones de negociación que se realizan con los representantes de los distintos sectores de Bolívar”.

El tono de la discusión fue subiendo de nivel con Palomino: “Siempre hemos pedido reuniones con el intendente y no hemos podido hacerlo, al menos en este segundo mandato que tengo. Si nos van a ningunear como nos ningunean todo el tiempo, después no quieran que vengamos a decir que está todo lindo porque no es así. Ningunean a los vecinos que nos eligieron, a los que pasan necesidades, a los que pagan el servicio y no hay contraprestación”.

Natiello puso las cosas en contexto: “No estamos acá defendiendo intereses personales, estamos acá escuchando a los miles de ciudadanos que hoy están desesperados ante esta dificultad real que tiene el país; puedo entender que el Poder Ejecutivo necesita dinero para llevar adelante su plan de gobierno; pero el señor intendente se olvida que los ciudadanos no tienen un salario que aumente en comparación con la inflación”.

Alomar sobre el acuerdo del Ejecutivo con las instituciones: “El acuerdo que se logró es con alguien que no tiene representación en el recinto, reflejar que las instituciones justifican la aprobación de la Fiscal e Impositiva, no estoy de acuerdo; no nos quieran convencer que por algunos acuerdos por fuera, que son políticos, parece que está todo bien”.

Fernanda Colombo: “Estas dos Ordenanzas tienen un montón de cosas buenas, quiero salir de ese ´tira y ataje´, prefiero hacer otros tipo de análisis. A todos nos gustaría que el intendente se levante un día y diga que estas Ordenanzas no van a sufrir ningún aumento; pero tenemos una responsabilidad. Es fácil sentarse a presentar propuestas cuando uno no está dentro de la gestión. “Una de las cosas buenas de la Ordenanza es la facilidad de pago para aquellos contribuyentes que están en mora, tienen descuentos en los intereses, dependiendo la fecha de pago, de hasta el 90%. Existen planes de financiamiento de 12, 24, 36 cuotas, se pensó en un alivio fiscal. También se prevé toda una reducción de tasas para la habilitación de comercios, los comerciantes están en el radar del Ejecutivo siempre.

“Personalmente invité a los concejales a conocer el Centro de Monitoreo, hasta ahora no fue ninguno. No es cierto que el centro de monitoreo no tuvo nada que ver en los hechos ocurridos en Ibarra. Me duele cuando dicen que no hay prestación de servicios porque es casi una tomada de pelo a los chicos que sí están arriba de la barredora, del camión recolector, que están las 24 horas sentados en el centro de monitoreo. Sí hay prestación de servicios, puede que no sean como uno desee; pero no es todo malo o todo no se hace”.

Marichu Goyechea: “Me suena raro que la Cámara Comercial haya avalado la suspensión de la venta ambulante, me sorprende que vaya en detrimento de los comerciantes. Aumentan 120 % el cobro de servicios urbanos, un disparate. También se habla de la regulación de la venta de pirotecnia, no entiendo, si está prohibida. El Juzgado de Faltas piensa aumentar 100% las multas, ¿qué seguridad nos está dando?, ¿qué orden urbano estamos teniendo en la ciudad? Ninguno. Todos los días más accidentes, más problemas de tránsito, no se cumplen las normas, nadie pone reglas.

Beorlegui otra vez: “No es cierto que se habilita la venta ambulante, les pido que lean bien. La venta ambulante está prohibida legalmente, lo que era un contrasentido que se permitiera en la Ordenanza Fiscal, por eso la Cámara Comercial no protesta”.

Colombo: “No se aumentan las multas del Juzgado de Faltas, se aumentan las tasas que cobra por prestar sus servicios. El servicio que presta el Juzgado no es sólo el armado del expediente, sino que también alquila un galpón gigante que tiene custodia permanente, seguro contra incendios y demás, donde se depositan los vehículos. Tienen el acarreo del vehículo que también es caro. Y el Juzgado de Faltas no tiene la función de controlar el tránsito, se dedica a sancionar las contravenciones de todo tipo que sucedan en el Partido de Bolívar”.

Luciano Carballo Laveglia, presidente del bloque opositor más numeroso esperó hasta el final para hablar, se repitió en varios temas pero en otros fue concreto: “La venta ambulante no está suspendida, la Ordenanza que la permite no está derogada. A los ciudadanos de Bolívar les pido que se acuerden, en el 2023 terminarán pagando las tasas con un 95% de aumento”.

Tras los discursos, se fue a la votación, que como ya se dijo resultó con resultado favorable para el bloque oficialista por 9 a 6, ya que el concejal Porris no se encontraba en el recinto.

Angel Pesce