A propósito de lo resuelto en la pasada sesión del Honorable Concejo Deliberante respecto de la ordenanza que regula las fumigaciones con agroquímicos en el Partido de Bolívar, el colectivo Tierra Viva ha enviado a medios de prensa locales lo que publicamos, completo, a continuación, una suerte de carta abierta a la ciudadanía en la que pone el grito en el cielo por la unánime aprobación de una norma que "modifica puntos centrales" de la 2459/17, asevera que para el Concejo "hay ciudadanos de primera y de segunda" y avisa que acudirá a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense.

"El Honorable Concejo Deliberante resolvió por unanimidad que en Bolívar hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

En la Sesión Ordinaria del día 14 de agosto de 2024, el Honorable Concejo Deliberante, aprobó por unanimidad y sin debate en el recinto, la ordenanza 2999/2024 que modifica puntos centrales de la Ordenanza 2459/17 de regulación del uso de agroquímicos en el Partido de Bolívar.

La ordenanza 2459/17, aunque prácticamente no se ha aplicado en los seis años y medio que lleva de aprobada, establece zonas de resguardo de 1000 metros alrededor de zonas urbanas, escuelas rurales, viviendas rurales habitadas, pozos de bombeo y cuerpos y cursos de agua en todo el partido.

La distancia no es caprichosa. Existe abundante evidencia científica que muestra los riesgos sanitarios de habitar a menos de 1000 metros de campos fumigados. Y hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que sostiene que debe ser esa la distancia mínima a proteger en virtud de la evidencia.

En octubre de 2021, desde el Colectivo Tierra Viva, hicimos analizar muestras del agua de red de Bolívar, Urdampilleta y Pirovano en un laboratorio especializado de la UNLP. En las tres localidades encontramos contaminación por agrotóxicos (Acetocloro, Atrazina, Clorpirifos, Epoxiconazol, Permetrina, Prometrina y Tebuconazol). Pusimos la información a consideración del gobierno municipal pero no fue tomada en cuenta con el argumento de que los análisis que hace el municipio dan resultado negativo. Pero en realidad dan negativo porque, en lugar de buscar los principios activos que se usan en la actualidad, se restringen a los establecidos en el Código Alimentario Argentino, que tiene un atraso de más de veinte años. La Cooperativa Eléctrica de Urdampilleta, en cambio, nos dio la razón difundiendo a los pocos días un comunicado, supuestamente tranquilizador, informando que "los contenidos de organofosforados en el agua de red están por debajo del máximo permitido por el Código Alimentario". Las perforaciones de bombeo para consumo humano tienen alrededor de 100 metros de profundidad, ¿van a esperar que los contaminantes superen los márgenes establecidos por el Código Alimentario para tomar alguna medida?

La ordenanza que aprobaron irresponsablemente los concejales de los tres bloques en la última sesión, suspende "provisoriamente" la aplicación del artículo de la ordenanza 2459/17 que determina la zona de resguardo de 1000 metros alrededor de todas las zonas protegidas, incluidas las zonas de bombeo de agua para consumo humano, exceptuando solamente el área urbana de la ciudad de San Carlos de Bolívar. Semejante engendro, establece que en el partido de Bolívar hay ciudadanos de primera (los habitantes de San Carlos de Bolívar), que merecen ser protegidos y ciudadanos de segunda (los habitantes rurales y de las otras localidades del Partido), que pueden ser expuestos sin inconveniente a la aplicación de agrotóxicos.

La ordenanza se aprobó sin debate en el recinto, dentro de un paquete de proyectos con despacho de comisiones, acordados entre los jefes de bloques. Una práctica legislativa propia de una democracia de paupérrima calidad, tutelada por intereses económicos del agronegocio.

Y se aprobó sin debate, porque ni los concejales, ni los autores intelectuales de tal mamarracho legislativo, pueden esgrimir un sólo argumento científico ni jurídico para defender lo que votaron.

En los ocho años de existencia del Colectivo Tierra Viva, no hemos cesado de pedir un debate público y abierto sobre el uso de agrotóxicos en el partido de Bolívar. Tanto los políticos con posibilidades de acceso al poder, como los representantes del sector agropecuario nunca tuvieron el valor ni la voluntad de sentarse a debatir

Nos vamos a presentar ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para solicitar la derogación de la ordenanza 2999/24, y seguiremos insistiendo en la necesidad de cambiar un sistema productivo dependiente de venenos y enfocado en generar dinero, por otro, centrado en la producción de alimentos, económicamente viable, ambientalmente sustentable y socialmente aceptable", concluye el texto del CTV".