29 de marzo de 2020
El presidente firmó dos decretos que fueron publicados en el Boletín Oficial.
El gobierno de Alberto Fernández decidió hoy congelar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios y de alquileres por los próximos 180 días, en el marco de las medidas económicas que buscan llevar alivio por la pandemia de coronavirus.
Las nuevas determinaciones fueron oficializadas a través de los decretos 319/2020 y 320/2020 publicados esta tarde en el Boletín Oficial, y podrían ser prorrogadas por el Ejecutivo.
El decreto sobre créditos establece que “hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la cuota mensual de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino por la parte deudora o quienes la sucedan a título singular o universal, no podrá superar el importe de la cuota correspondiente, por el mismo concepto, al mes de marzo del corriente año”.
Asimismo, congela el valor de “a las cuotas mensuales de los créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)” y suspende las ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda única. También impone la posibilidad de pagar en cuotas a partir de octubre los montos adeudados.
“Nos encontramos ante una emergencia sanitaria que nos obliga a adoptar decisiones con el objetivo de proteger la salud pública, pero también a paliar los efectos de las medidas restrictivas vigentes, que significarán una merma en la situación económica general y de las economías familiares”, señala la normativa en sus considerandos.
El decreto de alquileres también incluye el congelamiento al valor de marzo. Además suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos (con conformidad de la parte locataria). También impone las cuotas a partir de octubre para montos adeudados.
Por otro lado, podría quedar exceptuado el locador que acredite que depende del alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia primaria conviviente. En tanto, se obliga a quienes alquilen a dar la posibilidad de realizar pagos mediante “transferencias bancarias o depósitos por cajero automático”.
El decreto incluye a inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural, habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos del estilo; inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias; e inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y/o agropecuarias. Además a inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.
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