REDES. Pisano volvió a cargar contra Milei, esta vez por el uso de términos discriminatorios en un resolución

El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, volvió a criticar en redes al Gobierno de Javier Milei luego de la controversia generada por una resolución publicada en el Boletín Oficial que utilizaba términos discriminatorios hacia las personas con discapacidad. A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter) y en una historia de Instagram, Pisano calificó como "inadmisible" y "repudiable" el uso de expresiones como "retardo mental" para referirse a ciertos grupos, en el marco de una resolución que establecía criterios para evaluar a las personas que reciben pensiones por invalidez.

La resolución 187, emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), fue el centro de la polémica cuando, en un anexo, aparecieron términos obsoletos y peyorativos como "idiota", "imbécil", "débil mental" y "retardado", que históricamente se han utilizado para denigrar a las personas con discapacidad intelectual. La publicación de estos términos en un documento oficial, destinado a regular las pensiones por invalidez, generó un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad, especialmente en organizaciones y activistas que defienden los derechos de las personas con discapacidad.

Pisano no dudó en levantar la voz ante lo que consideró un acto de estigmatización institucionalizada. En sus redes sociales, el intendente de Bolívar expresó su indignación, haciendo hincapié en lo inapropiado de que el Gobierno Nacional empleara estos términos en una resolución oficial. "El nivel de estigmatización y discriminación con que el GOBIERNO NACIONAL enuncia por resolución en el boletín oficial, los grupos 'retardo mental' es no sólo inadmisible, sino REPUDIABLE", escribió en su cuenta de X. Sus palabras rápidamente ganaron visibilidad, sumándose a una creciente ola de repudio hacia la normativa.

El origen de la polémica radica en el hecho de que el Gobierno, a través de la Andis, intentaba establecer un baremo para clasificar a las personas que reciben pensiones por invalidez, y en ese marco incluyó los mencionados términos. A pesar de que la Andis reconoció públicamente que el uso de esta terminología fue un "error" derivado de "conceptos obsoletos" y aseguró que no existió "ninguna intención discriminatoria", la polémica no se disipa con facilidad. La entidad aclaró que, aunque se rectificaría el uso de los términos, los criterios de evaluación para las pensiones no se verían modificados, lo que no calmó la indignación de aquellos que consideran que este tipo de lenguaje perpetúa la discriminación.

El nivel de estigmatización y discriminación con que el GOBIERNO NACIONAL enuncia por resolución en el boletín oficial, los grupos "retardo mental" es no sólo inadmisible, sino REPUDIABLE. pic.twitter.com/U5XykCdpkX

— Marcos Pisano (@MarcosEPisano) February 27, 2025

El rechazo ante la resolución fue inmediato y se extendió más allá de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, calificó la resolución de "barbaridad", señalando que la terminología utilizada corresponde a una época en la que la psiquiatría ni siquiera contemplaba el uso del coeficiente intelectual como medición en estos casos. "Esto es una barbaridad. Esa terminología se utilizaba en los inicios de la psiquiatría, antes de que existiera la medición del CI. Es un retroceso increíble", señaló Maidana, quien subrayó que esta visión obsoleta refleja un atraso en el tratamiento de la discapacidad en la sociedad.

Y agregó: "No solo es el uso de esa terminología. El punto es que en todos estos años, la concepción de la discapacidad cambió. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no se los llama más el autista, o el discapacitado: es Juan o Pedro, que tiene autismo o que tiene una discapacidad. Poner en la legislación una forma de llamar a la persona con cierto rango de CI es volver atrás todo lo aprendido y avanzado en los últimos 50 años", había indicado Maidana. "Hace tiempo que se dejó atrás la visión médica de la discapacidad, para asumir una concepción social de la discapacidad. No es un problema de la persona, es algo que tiene que ver con toda la sociedad y con su compromiso de hacerlo accesible a todos",

Por su parte, Paulo Morales, de la organización TEActiva, también criticó la improvisación de la medida, asegurando que, si bien las políticas públicas pueden ser objeto de debate, el uso de un lenguaje tan despectivo en un documento oficial es inadmisible. "El Gobierno puede tomar medidas o hacer declaraciones que siempre serán discutibles. Lo que no debe hacer es improvisar en un Boletín Oficial", manifestó Morales, destacando la necesidad de consultar con los expertos en la materia antes de tomar decisiones tan sensibles.

El repudio generalizado obligó al Gobierno Nacional a dar marcha atrás y anunciar que modificarán la resolución 187 conforme una nueva terminología.